Una vez conozcas cuáles son los bienes de los que era titular el difunto, tendrás que darles un valor para incluirlo en el inventario.

El valor que le demos a los bienes es importante por dos razones:

1. La valoración servirá para repartir la herencia entre los diferentes llamados a ella en la proporción que les corresponde. Imagina que se ha dejado a uno de los hijos el 25% de la herencia y al otro el 75% sin especificar qué bienes se atribuirán a cada uno. Hay que saber el valor de los bienes, para poder distribuir los bienes en esa proporción.

2. Dependiendo del valor atribuido a los bienes que conforman la masa hereditaria pagaremos o no en el IMPUESTO DE SUCESIONES (una vez aplicadas las reducciones y/o bonificaciones correspondientes), y en el primer caso se tendrá que tributar en mayor o menor medida dependiendo del valor que alcance la masa hereditaria.

Los valores que asignemos en el inventario serán los que se trasladarán al Impuesto de Sucesiones.

Hay algunos bienes cuya valoración no presenta problemática alguna, como el saldo en cuenta corriente, el valor de cotización de acciones/participaciones al día de la defunción…son datos objetivos y que nos facilitará el propio banco.

No está tan claro en el caso de otros bienes como los bienes inmuebles (pisos, fincas rústicas…) o los vehículos.

El valor que se debe atribuir a los bienes es siempre su valor real, pero dada la dificultad para conocer qué se entiende por “valor real” de los bienes inmuebles y dado que la norma tributaria no lo define, han sido los tribunales quienes han indicado que se debe equiparar al “valor de mercado”, definido éste como aquel precio que estaría dispuesto a pagar un comprador independiente en condiciones normales de mercado.

Para comprobar el valor de los bienes y derechos, las Administraciones Tributarias autonómicas utilizan unos criterios (que actualizan anualmente) en base a los cuales se fija lo que la Administración entiende como valor real o de mercado del bien.

Es decir, las Administraciones Tributaria aprueban normas de comprobación de valor de los bienes inmuebles (consistentes, generalmente, en multiplicar el valor catastral de la finca por un coeficiente multiplicador dependiendo del municipio donde radique la finca).

Si el valor declarado por el contribuyente se ajusta a estos criterios, su comprobación no será prioritaria para la Administración. Es decir, la Administración, en principio, dará por bueno ese valor y no lo comprobará con carácter prioritario.

Estamos hablando de lo que se conoce como VALOR MÍNIMO FISCAL de las fincas.

Estas tablas nos ayudan a conocer el valor que, como mínimo, tenemos que asignar a los bienes inmuebles, evitando de ese modo la tentación de valorarlos muy por debajo de su precio real para, con ello, pagar menos en el Impuesto de Sucesiones.

Pero en ocasiones, puede ser conveniente valorar los bienes no sólo por el valor mínimo fiscal. Un ejemplo lo encontramos en el caso que queramos vender el inmueble.

Piensa que si declaramos un valor muy bajo de adquisición (aunque esté dentro de lo que se entiende como “valor mínimo fiscal”), pero lo vendemos por un precio mucho mayor, estamos sufriendo un incremento patrimonial que irá directa a nuestro IRPF.

Por lo que resulta aconsejable, en caso de intención de venta, valorar el inmueble siempre por encima del valor mínimo fiscal, pero también lo más cercano posible al valor real de venta.

Como hemos dicho, los vehículos también pueden tener un valor de mercado complicado de atribuir ya que un vehículo desde el momento en que sale del concesionario ya disminuye su valor y a medida que pasan los años de posesión y desgaste el vehículo va disminuyendo su valor.

Es por ello, por lo que las Administraciones Tributarias facilitan comparadores de precios, en los que por el tipo de modelo, año de matriculación y marca del vehículo se les atribuye un valor mínimo que nos permite acercarnos a su “valor real”.

La entrada de hoy cierra el post que pusimos la semana pasada sobre las gestiones previas a la aceptación de herencia y plazos.

En cuanto a los plazos para realizar todas las gestiones previas a la aceptación o repudiación de la herencia, aunque el fallecimiento de un familiar siempre es un golpe duro que requiere de tiempo para reponernos, y que hay trámites que sólo se pueden hacer transcurrido un cierto tiempo (por ejemplo solicitar el CERTIFICADO DE ÚLTIMAS VOLUNTADES una vez transcurridos 15 días hábiles desde la defunción), no podemos olvidar que Hacienda concede un plazo para liquidar el IMPUESTO DE SUCESIONES así como la PLUSVALÍA MUNICIPAL (Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana), plazo que no podemos sobrepasar si no queremos tener que pagar intereses y recargos.

Por lo que respecta al Impuesto de Sucesiones, dicho plazo es de 6 meses desde la defunción, prorrogables por otros 6 más (siempre que se solicite la prórroga dentro de los primeros 5 meses).

En cuanto al plazo que tenemos para liquidar la Plusvalía municipal, hay que decir que también disponemos de 6 meses desde la muerte de nuestro familiar, aunque en este caso también se podría solicitar su prórroga por seis meses más. En este  caso, lo podríamos solicitar en cualquier momento antes de transcurrir los primeros 6 meses desde el fallecimiento.

No obstante, los 6 meses indicados con anterioridad lo son a efectos fiscales, no civiles.

Es decir, fiscalmente deberá liquidarse el impuesto dentro de los 6 meses desde el fallecimiento para que no nos llegue con recargos e intereses, pero civilmente disponemos de 30 años desde el fallecimiento para aceptar o repudiar la herencia; siempre que ningún interesado nos haya compelido a aceptar o repudiar antes del transcurso de ese plazo.

En realidad, el Código Civil no establece un plazo para aceptar o repudiar la herencia, pero la doctrina ha tendido a aplicar por analogía el plazo de prescripción de la acción para reclamar la herencia, que es de 30 años.

Todo ello es lógico, una cosa son nuestras obligaciones con Hacienda, la cual ha fijado un plazo prudencial de 6 meses prorrogables por otros 6, y otra distinta es nuestro derecho a aceptar o repudiar la herencia, teniendo para ello un periodo mucho más amplio, siempre que con nuestro silencio no perjudiquemos a tercero, el cual nos puede obligar a decidirnos antes del fin de los treinta años que  concede la ley.

En este punto indicar que el código civil dice que “Hasta pasados nueve días después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o repudie.” Pero “Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”.

Dicho lo cual elector podría preguntarse: ¿Y cómo se cumple con Hacienda dentro de los 6 meses, si disponiendo de hasta 30 años para aceptar o repudiar, dejamos pasar varios años antes de aceptar la herencia?

Pues bien, para este supuesto (y para otros) existe la figura de la HERENCIA YACENTE.  Se liquidaría la herencia mediante esta figura (que tendrá un NIF otorgado por Hacienda) a la espera de que los llamados finalmente acepten y pasen a ser los herederos definitivos.

Como hemos visto, las gestiones previas a la realización del Inventario y la aceptación de herencia pueden resultar engorrosas y dolorosas, supone la interactuación con varias entidades (Administración Pública, Hacienda, Notaría, Bancos, Registros…), además de tener que realizarse en periodos concretos de tiempo. Por todo ello, si tiene dudas sobre la gestión, plazos, requisitos, impuestos, honorarios, subsanaciones… ¡No dude en contactarnos!